|
6.02.2012. anef.es La Asociación Nacional de Entrenadores (ANEF) anuncia su impugnación y denuncia irregularidades. Superando cualquier registro anterior en cuanto a opacidad y desprecio democrático, la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL y su Presidente, Angel María Villar, han batido todos los registros imaginables. En esta ocasión, incluso retorciendo sus propios argumentos de hace cuatro años, si procede adelantar las elecciones y celebrarlas en febrero. No importa lesionar los legítimos derechos de los actuales asambleístas a quienes se recorta 10 meses el periodo para el que fueran elegidos. Unas elecciones que se convocan cuasi de manera clandestina, en el periodo de más carga competicional, con fiestas de por medio y ajustadas a unos plazos que imposibilitan no sólo cualquier reclamación, sino también la mínima reacción y, por ende, la imposibilidad material de que en las mismas tengan ninguna opción de participación si se es ajeno al “aparato”. Y todo ello, lamentablemente, con la colaboración de determinados órganos de la Administración a quienes compete velar por la limpieza del procedimiento y garantizar la igualdad de oportunidades. Una convocatoria, la del 2 de enero, que sorprendió a propios y extraños. Sin ir más lejos a la propia Liga de Fútbol Profesional. A sus miembros. A las Federaciones Territoriales (al menos a una gran mayoría). Un anuncio hecho con tanta precipitación y opacidad –la noticia no figuró en la propia web federativa en la página de arranque-, que generó un lógico estupor, mucho desconcierto y verdaderos desatinos. Baste un ejemplo: las urgencias referidas sorprendieron al propio “stablishment” y a más de uno de sus integrantes a quienes pilló desprevenidos. Es el caso del “futbolista” aficionado, representante de la Federación Murciana de Fútbol, quien hubo de formular una reclamación por no figurar en el Censo electoral. Reclamación que fue, obviamente, tenida en cuenta a pesar de que el reclamante jamás haya jugado al fútbol, tenga más de cuarenta años y, casualmente, desempeñe el cargo de Secretario General de la Territorial referida. Esta, como otras muchas irregularidades, son la demostración inequívoca del respeto que la Real Federación Española de Fútbol y sus órganos tienen por las elecciones. Por la democracia. A este proceder irregular y chapucero de quienes sólo tienen por objetivo beneficiarse en lo personal, despreciando los intereses generales del fútbol español y de la mayoría de sus integrantes, hay que sumarle una serie de afrentas directas hacia el colectivo de entrenadores.Entre ellas, por citar solo algunas, estarían: 1.) Que haciendo caso omiso a lo que dispone la Orden Ministerial, se hayan restado al colectivo de entrenadores al menos 3 miembros en la Asamblea General: 13 en lugar de los 16, mínimos establecidos. 2.) Que las candidaturas a miembros de la referida Asamblea se hayan proclamado el día 19 de enero en la tarde, finalizando el plazo para acudir al Notario y ejercitar el voto por correo el viernes, día 20, a las 18 horas es decir, que solo pudiese votar por correo el viernes por la mañana –horario normal de una Notaria en viernes-. 3.) Que el voto por correo ante Notario haya sido contratado por los Comités Territoriales y las Federaciones respectivas sólo y exclusivamente para quienes lo ejercitaban a favor de las candidaturas oficialistas. Quienes elegían otro candidato debían correr con los gastos de notaría. 4.) Que entre los elegibles del aparato figurasen candidatos que no reunían los requisitos reglamentarios y que, una vez impugnados por esta Asociación, fueron habilitados de manera fraudulenta y tras habilitárseles con licencia “ad hoc”. 5.) Que el censo de entrenadores presentaba un cúmulo de irregularidades que, por falta de plazo, resultaba materialmente imposible de subsanar. Accidentalmente las “ausencias” de entrenadores en el censo correspondían a asociados de ANEF. Por todo lo anterior, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANEF) impugnará en las próximas horas el proceso electoral en curso ante las instancias administrativas y judiciales competentes, exigiendo a las primeras la urgente aplicación de la legislación vigente en lo que al número de representantes del colectivo en la Asamblea se refiere.
|
